Como Vicario de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Guayaquil, sabiendo que el tema afecta profundamente al concepto y la realidad de la familia, me veo en la obligación de expresar lo siguiente:
La Constitución de Montecristi fue el ‘caballo de Troya’ a través del cual se infiltraron en Ecuador las ideologías amorales que imperan en el mundo actual. Cuando la Iglesia dio su voz de alarma, el Gobierno dijo todo era cuestión de interpretaciones y que garantizaba que en este País jamás se permitiría la corrupción de costumbres.
La Iglesia Católica ha sido terminante en su rechazo a la regulación jurídica de las uniones de homosexuales, pues sabe la gravedad de las consecuencias. Lo dice con toda claridad la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe[1]:
“Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por lo tanto de eminente interés público, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional. Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común. Es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos. En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco.”
Dos homosexuales tienen los derechos de todo ciudadano, no en cuanto homosexuales, sino en cuanto son ciudadanos. Dos homosexuales pueden comprar una casa, como pueden hacerlo un hermano y una hermana, o dos hermanos, o dos amigos, acudiendo al marco jurídico del Derecho Civil, sin que sea necesario crear una ley especial para ellos. ¿Qué tiene el homosexual por encima del heterosexual para pretender normativas para ellos por el simple hecho de ser homosexuales? Que se acojan al Derecho civil, y punto.
Yendo al fondo, lo que se pretende con estas legalizaciones es algo mucho más profundo que “arreglar situaciones patrimoniales”. Dentro de la “agenda homosexual” está: el cambio de las legislaciones de los Estados con el fin de lograr la aceptación de la cultura homosexual; la corrupción de las mentes, sobre todo de las nuevas generaciones; y la destrucción de la familia como obra de Dios.
Estamos asistiendo a un eficaz intento de corromper las costumbres de toda la raza humana, a una ‘sodomización’ global y una ‘gomorrización’ global, que cuenta con el apoyo de todas las instancias supremas del poder mundano: ONU, OMS, UNESCO… (ejemplo: la Guía de Educación Sexual para el Empoderamiento de los Jóvenes, donde se inicia a los niños de 5 años en el ejercicio de la masturbación, y en “los roles de género y en los estereotipos de género”, es decir, la apología de la homosexualidad). Y todo ello bajo la “justificación” de la “no discriminación” y del “respeto a las minorías”. Pero esto es falso, porque, en primer lugar, no hay discriminación cuando no se le da a una persona los derechos que no le corresponden (una persona joven no tiene por qué sentirse discriminada si se le niega la pensión de la tercera edad); y el matrimonio corresponde por derecho natural, por disposición divina, a un hombre y a una mujer. Por tanto, no hay discriminación de nada. Y en segundo lugar, una minoría no merece el respeto por ser una minoría, sino porque sea justa su reivindicación. Y lo que pide esa minoría -equiparar la unión homosexual al matrimonio- no es justo, pues ni tienen los mismos fines (procreación), ni tienen los mismos componentes (hombre y mujer).
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por su parte, ha sido también clara en manifestar su rechazo de cualquier regulación de las uniones homosexuales, a través de su Presidente, monseñor Antonio Arregui, en la carta abierta que él escribió a todos los católicos para salir al paso de la mala interpretación que se dio a la propuesta del Episcopado ecuatoriano sobre el tema: “No puede hablarse de matrimonio ni de familia en las uniones que puedan formar personas homosexuales. Esas uniones o asociaciones son contrarias a la naturaleza y, de suyo, estériles. No puede haber un ‘matrimonio homosexual’ ni una ‘familia homosexual’. La moral cristiana considera la práctica homosexual como un grave desorden moral incompatible con la vida de fe, porque contrasta con la ley natural y los mandamientos de la Ley de Dios”.
¿Tendrá el Gobierno la valentía para rechazar la legalización de las uniones homosexuales y cumplir la palabra que dio a todo el País de defender las buenas costumbres, e impedir que la minoría gay sea la que marque el paso de la política del Ecuador?
Si el Gobierno no sale al paso de estos hechos, oponiéndose, no puede negar que están contribuyendo a la ‘sodomización’ y ‘gomorrización’ del País, por muy ‘católicos’ que se proclamen.
P. Alfonso Avilés, Vicario de la Familia de la Arquidiócesis de Guayaquil.
